Detectan activismo del EPR en Oaxaca

Los servicios de inteligencia civiles del gobierno federal han detectado actividad política de simpatizantes del EPR en al menos cuatro de los 25 municipios en el estado, donde el Congreso local ha decretado la desaparición de poderes.
San Blas Atempa, Villa de Zaachila y en menor intePublicar entradansidad San Antonino Castillo Velasco y Santa María Jalapa del Marqués, están considerados como poblaciones donde a la protesta social se le han sumado expresiones consideradas por los órganos federales como propias de activistas ligados al grupo armado.
De acuerdo con un análisis del gobierno federal sobre los conflictos sociales que imperan desde 2005 en algunos de los 570 municipios que tiene Oaxaca, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, en por lo menos dos, donde se han proclamado “ayuntamientos populares”, han aparecido activistas con ligas en el EPR, camuflados entre militantes de las organizaciones civiles.
El reporte hace hincapié en el caso de San Blas Atempa, un poblado de la región del Istmo, donde luego de una serie de hechos de violencia registrados en enero del 2005 al impedirse la toma de posesión de la autoridad municipal y la instalación del llamado “ayuntamiento popular autónomo”, la protesta se radicalizó. El conflicto detonado a raíz de la elección del edil priísta Eliseo Reyes, devino en una fuerte protesta social en reclamo de la desaparición de poderes, la liberación de cuatro activistas, la cancelación de órdenes de aprehensión contra 72 militantes y el desafuero de la diputada local Agustina Acevedo, calificada de cacique.
La presencia de simpatizantes eperristas se dio en apoyo a las acciones de protesta, según el reporte.
En el caso de Villa de Zaachila, el documento señala que días después del 25 de noviembre pasado, cuando la PFP entró a la capital del estado para romper el plantón que mantenía la APPO, los principales activistas realizaron su primera asamblea en este municipio de las afueras de la ciudad.
El poblado tenía “cinturones de seguridad” para mantener un control sobre las personas que entraran al municipio. Según el documento, se detectó presencia de personajes con ligas al grupo armado.
El reporte subraya que a los llamados “ayuntamientos autónomos” se sumó la desaparición de poderes y el nombramiento de administradores municipales o consejos de administración municipal, en algunos casos han servido para que el EPR realice actividad política.
Para el gobierno del estado no existen evidencias y no hay información que confirme la presencia de eperristas en estos ayuntamientos. El subsecretario de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, rechazó que el grupo armado tenga influencia en alguno de los municipios donde hay desaparición de poderes.
Busca a su padre
Ayer Nadín Reyes hizo acopio de fortaleza cuando entró al anfiteatro de la Cruz Roja de esta ciudad para identificar el cuerpo de un hombre hallado muerto el pasado 8 de julio.
Esta joven buscaba a su padre, Edmundo Reyes Amaya, supuesto militante del EPR desaparecido desde el pasado 25 de mayo junto con Gabriel Cruz Sánchez, conocido como Raymundo Rivera Bravo, considerado el número dos de la organización armada y de quienes el EPR reclamó su presentación luego de adjudicarse las explosiones en ductos de Pemex.
Nadín iba acompañada de la presidenta de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, Jéssica Sánchez Maya, con quien revisó la bitácora de los cuerpos que han ingresado al forense debido a que el cadáver que iba a reconocer ya había sido reclamado y identificado como el de Apolinar Ruiz.
Nadín guardaba alguna esperanza, pues el cuerpo tenía una filiación similar a su padre. Su angustia no se disipó. Poco después declaró que exigiría le mostraran fotos del cuerpo y reconoció que la lucha por la presentación de su padre apenas comienza.
EL UNIVERSAL