jueves, 5 de julio de 2007

Corrupción ahuyenta la inversión extranjera: SFP

Germán Martínez Cázares, secretario de la Función Pública, indicó que 35% de la inversión extranjera directa que en el último lustro decidió no entrar a México lo hizo por la percepción de corrupción y opacidad en el país.
“En los últimos cinco años, 35% de la inversión extranjera que decidió no entrar a México lo hizo basado precisamente en la percepción de corrupción o la opacidad de nuestros negocios”, aseguró.
En el marco del Seminario Internacional sobre la Ética en la Gestión Pública y la Lucha contra la Corrupción, el responsable de vigilar el gasto público dijo que el combate a la corrupción ha disminuido el número de actos, pero aumentó su costo.
Según el índice de corrupción y buen gobierno elaborado por Transparencia Mexicana, que mide las experiencias de corrupción y no percepciones, en 2001 se realizaron en México 214 millones de actos de corrupción; en 2003, 101 millones; en 2005 se verificaron 115 millones de actos de corrupción.
Martínez Cázares admitió que “el índice reporta que si bien es cierto que entre 2001 y 2005 disminuyó el universo de actos de corrupción, el costo promedio de cada acto ha aumentado, pasó de 2001 a 2005, de 109 pesos, en 2001, por cada acto de corrupción, a 177 pesos por experiencia corrupta”.
Por ello, “una primera conclusión que pueden extraerse de estos datos, es que las acciones de combate a la corrupción han elevado el costo de la corrupción. Lo anterior, sugeriría que en el sistema legal hay obstáculos que encarecen la corrupción, sin embargo, la corrupción sigue obstaculizando el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios públicos”, indicó Martínez Cázares.
También reveló que los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, es decir, las familias más pobres de México, se ven obligadas a desprenderse de 24% de ese ingreso por corrupción.
De acuerdo con un estudio de la revista inglesa The Economist, el nivel de opacidad de México se traduce en un costo implícito para las empresas, equivalente a un impuesto de 15%, explicó Martínez Cázares.
El secretario consideró que con la transición democrática hay nuevas reglas institucionales destinadas a disminuir los niveles de corrupción, sumado a la pluralidad política institucionalizada, que han alentado prácticas de transparencia y de rendición de cuentas.
EL UNIVERSAL

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