Ante los medios de comunicación, aseguró que su gobierno no tiene nada que esconder, y ofrecerá todas las facilidades para que la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lleve a cabo sus trabajos en esta entidad.
Asimismo, el mandatario estatal ofreció que "si hay responsables, se les castigará".
La víspera, la SCJN determinó crear una comisión de ministros que investigue las presuntas violaciones de derechos humanos en la entidad por el pasado conflicto político social.
Esto, luego que falló el intento de Ruiz Ortiz de que se creara la comisión, con el argumento de que su gobierno ya había aceptado la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
"Sólo pedimos que los trabajos de la comisión se haga con imparcialidad, vamos a esperar los resultados de las investigaciones, para conocer si hay responsables y se proceda en consecuencia", dijo.
Ruiz Ortiz evitó referirse a funcionarios de su administración señalados en la recomendación de la CNDH, como responsables de violación de garantías individuales.
Entre éstos se encuentran la ex procuradora estatal, Lizbeth Caña Cadeza, y el ex secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, quienes pudieran tener responsabilidad tras las investigaciones de la SCJN, pero "vamos a esperar los resultados".
Sobre el anuncio de la Secretaría de Gobernación (Segob) de que le toca a su gobierno resolver las demandas políticas de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ruiz Ortiz se mostró evasivo.
Aunque afirmó que sí atenderá esas peticiones de los mentores, enseguida corrigió y explicó que desconocía en qué consistían esas demandas, por lo que no sabía cuáles le correspondía resolver a su gobierno, y cuáles a la Federación.
"No nos han presentado (la Sección 22 del SNTE) ningún planteamiento, vamos a esperar a que nos presenten sus demandas, y las que tengamos que atender, lo haremos; las que no, vamos a pedir la intervención de la Segob", dijo.
Sin embargo, ofreció que mediará con autoridades municipales priístas, quienes tienen en su poder escuelas de nivel básico, donde no permiten el ingreso de profesores de la Sección 22, para que entreguen los planteles escolares a ese sector del gremio.
Además de esa petición de entrega de escuelas, la Sección 22 del SNTE demanda la liberación de ocho integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), incluido Flavio Sosa. Asimismo, piden la cancelación de 20 órdenes de aprehensión en contra de simpatizantes de su movimiento.
Aceptó que con el otorgamiento de 208 millones de pesos del gobierno federal para rezonificación por vida cara a la Sección 22, se resolvió la demanda económica de ese gremio.
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