skip to main |
skip to sidebar
El presidente Felipe Calderón erogó por concepto de giras nacionales un monto total de 37 millones 723 mil 350 pesos, incluyendo 8 millones 765 mil pesos utilizados por el Estado Mayor Presidencial (EMP), según información parcial proporcionada por la Presidencia.
De acuerdo con el reporte, en el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2007 realizó 77 viajes a diversos estados del país, gastando más de 28 millones 958 mil pesos.
El viaje más caro fue el que realizó a Yucatán los días 12 y 13 de marzo, cuyo cargo para el arca pública fue de 5 millones 889 mil pesos divididos de la siguiente manera.
Hospedaje y alimentación: un millón 996 mil pesos; transporte terrestre, 972 mil 971 pesos; gastos “diversos” —fax, papelería, renta de equipo, y renta de salones— un millón 283 mil 944 pesos, y en transporte aéreo, un millón 636 mil pesos.
En el análisis del gasto total acumulado durante este mismo periodo se desembolsó más por el pago de transporte terrestre que por el aéreo.
En el primer caso se erogó 14 millones 64 mil pesos. En contraste, en el segundo caso, la cifra fue de 5 millones 751 mil pesos.
El total acumulado en esas mismas fechas en alimentos y hospedaje fue de 7 millones 253 mil pesos y un millón 888 mil 419 pesos en costear lo que catalogan como “diversos”.
Los gastos efectuados por el EMP en actividades de seguridad y logística de las giras nacionales de trabajo de Felipe Calderón, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2007, fueron de 8 millones 765 mil pesos.
La visita más cara realizada por Calderón y el EMP fue la del 27 de septiembre de 2007 a Sonora y Sinaloa, el mismo día, ya que representó un gasto de 697 mil 985 pesos, divididos de la siguiente forma. Poco más de 115 mil 788 pesos en alimentación y hospedaje; 291 mil 726 pesos en transporte terrestre; 196 pesos en “diversos”, y 290 mil en transportación aérea.
Vicente Fox, antecesor de Calderón realizó a bordo de TP-01 Presidente Juárez, por lo menos 700 giras a lo largo de su gobierno (2000 a 2006), de éstas más de 50 fueron internacionales, en las que visitó más de medio centenar de países en el mundo.
En el caso de Calderón, de diciembre de 2006 a septiembre de 2007, el mandatario realizó ocho giras internacionales, en las que visitó 16 países: Nicaragua (10 enero); El Salvador (16 enero); Suiza, Alemania, Gran Bretaña, y España (25 al 30 enero); Guyana, Francesa (3 marzo); Italia, Bélgica, Alemania y El Vaticano (4 al 8 junio); Belice (29 junio); Canadá (19 al 21 agosto); Australia, Nueva Zelanda e India (6 al 11 de septiembre).
Visitó 12 países
Pero en su informe, Presidencia sólo se refiere a 12 países visitados por Calderón del 1 de diciembre al 30 de junio, en los que se ejerció un gasto de un millón 153 mil 915 dólares, desglosados de la siguiente manera: más de 373 mil dólares para sufragar alimentos y hospedaje; 132 mil 695 dólares en transporte terrestre; 42 mil 504 dólares en “diversos” y 605 mil 665 dólares en transporte aéreo.
Otra gira la realizó a Canadá, posteriormente viajó a Nueva Zelanda, Australia y la India, en un solo periplo, en el periodo de julio a octubre de 2007, lo que representó un gasto de poco más de medio millón de dólares.
El total acumulado en desplazamientos internacionales es de un millón 691 mil 208 dólares.
El viaje más caro fue el que hizo a India (10 al 11 de septiembre de 2007); “fortalecer la relación entre el país asiático y México” costó 196 mil 620 dólares.
El segundo viaje más oneroso fue el que realizó a Italia, del 3 al 5 de junio, que incluyó pasar a la Santa Sede para saludar y recibir la bendición Papa en compañía de su esposa e hijos. Costó al erario 183 mil 327 dólares.
Dos visitas diferentes a Alemania en los periodos del 25 de enero de 2007, y cinco meses después, del 6 al 7 de junio, sumaron un monto de 181 mil 148 dólares.
Por pisar suelo australiano del 7 al 9 de septiembre: 174 mil dólares; para “reafirmar lazos con Suiza” y pasar a Davos, del 25 al 27 de enero, se erogaron 160 mil dólares. Habló de temas bilaterales con Tony Blair en Gran Bretaña, por 97 mil dólares.
El viaje presidencial más barato al extranjero lo realizó el 10 de enero para asistir a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Acudir a la ceremonia implicó erogar 32 mil 508 dólares.
El 21 de mayo de 2007, un viaje de ida y vuelta del Presidente al estado de México, significó un gasto de 98 mil pesos. Divididos así: 29 mil 421 pesos en alimentos y hospedaje; 63 mil pesos en transportación terrestre; 70 pesos en “diversos” y 5 mil 488 pesos en transporte aéreo.
El Universal
Varios golpes históricos al narcotráfico y las inundaciones en el sureste del país marcaron el primer año del presidente de México, Felipe Calderón, menos agitado de lo esperado en el terreno político pese a la reaparición de una guerrilla que cometió varios atentados sin víctimas.
México despertó al 2007 todavía con la resaca del conflicto derivado de las elecciones del año anterior, ganadas por Calderón en un final de fotografía por el que la izquierda denunció un fraude y bloqueó las calles de la capital durante semanas.
Los remanentes de aquella crisis se dejaron sentir en enero con un conato de huelga general por el alza del precio de la tortilla de maíz, el sustento alimenticio de los mexicanos, que, sin embargo, nunca prosperó.
El fracaso de la protesta se debió en parte a la paulatina pérdida de fuerza del movimiento de 'resistencia civil' del ex rival electoral de Calderón, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Según los expertos, otro factor que ayudó a calmar las aguas fue el creciente entendimiento en el Congreso entre el partido oficialista, Acción Nacional (PAN), y los opositores, de la Revolución Democrática (PRD), de López Obrador, y Revolucionario Institucional (PRI).
En el Legislativo se aprobaron las reformas de los regímenes de pensiones, fiscal y electoral, medidas cuyo alcance real está por ver y que deberán superar la resistencia del funcionariado, la empresa privada y los medios de comunicación, pero que nadie esperaba que se aprobarán tan rápido.
Afianzadas en buena medida las riendas del poder político, Calderón centró sus esfuerzos en combatir el crimen organizado, con el despliegue de miles de policías y militares en una decena de estados del país.
Fruto de esa lucha, las autoridades lograron los dos mayores decomisos de dinero y droga de la historia del país.
En marzo la policía descubrió una gigantesca montaña de billetes con más de 205 millones de dólares en la casa del empresario de origen chino Zehnli Ye Gon, detenido en julio en EEUU, donde es procesado por narcotráfico, mientras México reclama su extradición.
En noviembre las autoridades se incautaron de 23,5 toneladas de cocaína en un carguero procedente de Colombia, en el puerto de Manzanillo, en el Pacífico mexicano.
La requisa representó casi el doble de otro decomiso récord logrado un mes antes en Tampico, en el estado norteño de Tamaulipas, de 11,7 toneladas de la misma droga.
A estas tres acciones se sumó la captura en septiembre de Sandra Avila Beltrán, 'La Reina del Pacífico', considerada uno de los principales enlaces entre los cárteles mexicanos y colombianos.
Pese a estos éxitos, no remitió la sanguinaria violencia de estos grupos criminales, que se cobraron la vida de más de 2.500 personas, según cifras extraoficiales.
Los datos se equiparan con los registrados en el último año de su antecesor, Vicente Fox (2000-2006), al que en cambio se le había acusado de falta de contundencia en ese terreno.
También angustiaron al país varios atentados con explosivos contra instalaciones de Pemex, obra del Ejército Popular Revolucionario (EPR), una guerrilla del sur del país que llevaba una década inactiva.
Aunque no dejaron daños personales, las acciones causaron pérdidas millonarias y lograron un fuerte impacto mediático en un año fatídico para la petrolera estatal en cuanto a accidentes.
El peor se registró en una plataforma en el Golfo de México que causó una veintena de muertes y un derrame sin consecuencias aparentes, según la compañía.
La temporada de ciclones tropicales fue relativamente tranquila, pero las lluvias se cebaron con Tabasco, que quedó inundado en dos terceras partes, lo que obligó a miles de personas a dejar sus casas bajo las aguas, y Chiapas, que fue escenario del derrumbe de un cerro sobre una comunidad, con cerca de veinte personas muertas.
Este año también será recordado como el de los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, agasajados con decenas de actividades para conmemorar el cincuenta aniversario de la muerte del primero y el centenario del nacimiento de la segunda.
Otro personaje destacado del 2007 fue el magnate Carlos Slim, que protagonizó un mano a mano con el estadounidense Bill Gates por liderar la lista de las mayores fortunas del mundo.
EFE
Autoridades federales descubrieron que el empresario Zhenli Ye Gon, acusado de encabezar una organización criminal de tráfico de efedrina, poseía otras dos empresas que serían utilizadas para completar la cadena para fabricar, distribuir y exportar drogas sintéticas.
Al realizar las investigaciones para fortalecer tanto la solicitud de extradición de Ye Gon —mexicano de origen chino que se encuentra detenido en Estados Unidos—, como las acusaciones que se le imputan en territorio mexicano fueron descubiertas las dos nuevas empresas.
Documentos de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que Ye Gon no poseía sólo tres empresas, sino que logró constituir en el país cinco.
Las dos nuevas, Unimed Nutrition SA de CV y Universal Transportation SA de CV, cerraban el proceso para controlar el mercado de las drogas sintéticas en México. La jugada que Zhenli Ye Gon no alcanzó a ejecutar le iba a permitir no sólo importar efedrina, sino estar en condiciones de construir laboratorios, fabricar drogas y tener los canales y medios de distribución para éstas. Ye Gon es considerado por el gobierno federal como el mayor introductor de efedrina a territorio nacional.
Ambas empresas se suman a las compañías fundadas durante 10 años —del 14 de marzo de 1997 al 13 de octubre de 2006— por el empresario y en las cuales poseía acciones por casi mil millones de pesos, de acuerdo con informes de la PGR y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (SHCP).
Para cerrar la pinza, Ye Gon registró ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) las dos últimas de sus empresas que comenzaron a operar el 13 octubre de 2006, días antes de escapar de México al ser avisado por policías corruptos de que se le investigaba por el tráfico de efedrina. Antes tuvo en sus manos la documentación de las nuevas empresas que constituyó ante su notario predilecto, Ignacio Morales Lechuga.
En la Cancillería, donde ya era conocido desde 2003 como un hombre influyente, cuando el entonces presidente Vicente Fox le entregó personalmente su carta de naturalización, la titular del área de sociedades de la dirección general de Asuntos Jurídicos, María de Lourdes Ochoa Neira, le informó del permiso para operar la cuarta y quinta de sus compañías: Unimed Nutrition SA de CV y Universal Transportation SA de CV.
Con ellas, Ye Gon pensaba construir un verdadero emporio. Ya no sólo sería un importador. Pasaría —según la PGR— a una fase superior construyendo laboratorios, produciendo y distribuyendo a gran escala drogas sintéticas, bajo la mascarada legal de sus compañías.
Por ejemplo, con Unimed Nutrition SA de CV y Unimed Pharmaceutical SA de CV podía, entre otras cosas, fabricar, maquilar, elaborar, empaquetar, envasar medicamentos y productos químicos farmacéuticos.
Con Constructora e Inmobiliaria Federal SA de CV, Zhenli tenía un medio legal para la compra, venta, construcción, edificación, remodelación y administración de todo lo relacionado con bienes inmuebles, incluyendo laboratorios. Y con Universal Transportation SA de CV Ye Gon tenía la posibilidad de transportar, distribuir e ir a cualquier sitio donde quisiera con sus productos.
Pero la empresa estrella y con la que empezó a operar en 1997, la Unimed Pharm Chem México SA de CV, le permitió —según informes de la PGR— importar a México toneladas y toneladas de efedrina. En realidad, con esta compañía inició su fortuna en México.
La información contable de la SHCP sobre esas cinco empresas revela que Zhenli Ye Gon poseía en total 957 mil acciones cada una con valor de mil pesos.
AGENCIAS
La matanza de 45 indígenas tzotziles perpetrada en Acteal, en el estado de Chiapas, cumple diez años entre denuncias de que persiste la impunidad de los gobernantes y con dudas sobre el proceso que llevó a la cárcel a 70 personas.
Una década después de los hechos, a los que siguió una deficiente investigación y veintisiete órdenes de arresto aún sin cumplir, a los familiares de las víctimas sigue sin convencerles la versión oficial de que el motivo fue un 'conflicto intercomunitario'.
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal fueron atacados por paramilitares que acabaron con la vida de 45 personas de la comunidad pacifista de 'Las Abejas': 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos.
Los disparos duraron unas seis horas sin que la policía del estado ni militares que estaban cerca de la zona hicieron nada por frenar una tragedia en la cual sólo hay cuatro asesinos confesos.
Los agresores eran simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el gobierno del estado, y estaban enfrentados con sus víctimas, indígenas desplazados de un estado dividido desde 1994 entre simpatizantes y detractores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), alzado en armas el 1 de enero de aquel año.
Las tragedia forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (Interior), Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a quien algunos consideran el autor intelectual de la masacre.
Decenas de sospechosos fueron arrestados y en agosto de 2006 condenados a penas de hasta 25 años de cárcel por un juez federal en un proceso endeble en su investigación e instrucción penal.
Considerado por activistas y ONG un 'crimen de Estado' del que acusan como responsables últimos el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, un grupo de juristas ha tomado la defensa de los condenados y aspira a que el caso sea revisado por la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN).
En entrevista con Efe, Ana Laura Magaloni, de ese equipo legal del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), explicó que 'un montón de gente inocente' está en la cárcel por esta matanza.
El CIDE alega que el caso destapa las carencias de la justicia penal en México, que por sistema desdeña la presunción de inocencia, recurre a la prisión preventiva y se sustenta en pésimas investigaciones.
Magaloni ve una clara 'negligencia del Estado' en el caso Acteal y quiere que su revisión en el Supremo sirva para garantizar el debido proceso de forma generalizada en México.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) discrepa con el CIDE, un organismo con financiación pública y de fundaciones internacionales.
'Coincidimos con ellos en el hecho que sistema de justicia está mal, pero eso no puede ser utilizado como pretexto para crear más impunidad y tratar de eximir al Estado de su responsabilidad', declaró hoy la abogada Itzel Silva a la emisora W-Radio.
Silva es partidaria de que se ahonde en la investigación y búsqueda de responsables en las instituciones del Estado.
En el mismo sentido se ha pronunciado el escritor Carlos Montemayor, quien denuncia la 'indiferencia' y 'permisividad' en policías y Ejército ante las agresiones perpetradas por paramilitares en Chiapas.
'La masacre no fue una gama de conflictos intercomunitarios sino un grave error en el plan militar que el Gobierno de México instrumentó para socavar las bases sociales del EZLN. Un error, además, previsible. Fue pues un grave error de Estado', aseguró.
Finalmente para el escritor Héctor Aguilar Camín, quien ha publicado en los últimos tres meses un extenso ensayo que revisa los hechos en la revista 'Nexos', Acteal es 'una herida moral en la memoria de México'.
Señala que es el Supremo mexicano el que debería investigar la actuación de las instituciones del Estado en la tragedia 'y reparar en algo esa herida restituyendo la verdad de los hechos, induciendo el perdón a los inocentes presos y el castigo a los culpables libres'.
Para mañana sábado está prevista en Acteal una conmemoración de los diez años de la matanza con la que culminará el Encuentro Nacional en contra de la Impunidad, organizado estos días para analizar aquellos hechos.
EFE
Hay muertes que cuando ocurren se llevan pedazos del alma y dejan un profundo dolor, más cuando son producto de un crimen y los criminales gozan de impunidad. De ésas fueron las que el 22 de diciembre de 1997 enlutaron la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, donde alrededor de medio centenar de indígenas fueron acribillados cobardemente y otros tantos resultaron heridos mientras rezaban por la paz. Las huellas de este miserable crimen son tan profundas que los criminales no pudieron ocultarlas. El mismo Ernesto Zedillo, entonces presidente de la República, se vio obligado a reconocerlo. “La violencia es, por definición, un acto criminal, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Tan cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que sólo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia”, dijo en un mensaje público dirigido a la nación, un día después de la masacre. Claro, no pensaba reconocer que se trataba de un crimen de Estado y así lo señalaron sus secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, José Ángel Gurría y Emilio Chauyfett, quienes calificaron de intervencionistas las protestas internacionales tras la matanza, al tiempo que expresaron que “ni por omisión podía involucrarse al gobierno en este crimen”, extendiendo a priori un certificado de impunidad a favor de los asesinos.
Sus palabras no pudieron evitar que la gente entendiera que la matanza de Acteal fue un crimen de Estado, un delito de genocidio, según lo prescribe la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción de ese delito que lo tipifica como “cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso; incluyendo la matanza de miembros del grupo; la lesión grave a la integridad física o mental de los sus miembros del grupo; y el sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; entre otras prácticas”. La propia Convención establece los actos que deben ser castigados y que constituyen el delito: el genocidio como tal, la asociación para cometerlo, la instigación directa y pública a cometer de él, la tentativa de cometerlo, y la complicidad en el genocidio, independientemente de que quienes lo cometan sean gobernantes, funcionarios o particulares.
Las promesas de Ernesto Zedillo no fueron cumplidas, no se detuvo a los verdaderos criminales, a los que planearon y ordenaron la comisión del crimen. Por eso, a la luz del derecho internacional siguen siendo criminales y habrían de juzgarse si se quiere recuperar el decoro del Estado mexicano en el concierto de las naciones. En las actuales circunstancias políticas del país resulta muy difícil que esto suceda. Ernesto Zedillo y su secretario de Relaciones Exteriores se encuentran al servicio del capital trasnacional y los otros involucrados son personajes importantes dentro de las mafias de la política mexicana. El poder económico y el poder político tienden un manto de impunidad sobre sus actos delincuenciales y así es muy remoto, casi una utopía, pensar que algún tribunal les haga pagar sus culpas.
Frente a este hecho a los pueblos agredidos no les queda otra opción que la legítima defensa, el uso de la violencia legítima para defenderse de la violencia ilegítima del Estado, no para destruirlo. Este derecho encuentra su fundamento precisamente en la condición de pueblos de los agredidos y su derecho a la libre determinación, reconocido en el derecho internacional y de alguna manera en el nacional. Es un derecho que pertenece a todos los sujetos que sufren violencia, tanto que inclusive el derecho penal lo reconoce a los individuos, para repeler una agresión que se realiza sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de defenderse y se usen métodos racionales para hacerlo. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que a los gobiernos les ha dado por criminalizar las protestas sociales y usar la fuerza pública como forma de contener las luchas populares.
Entre varios pueblos indígenas de México existe la creencia de que cuando los hombres o mujeres mueren con los ojos abiertos, siempre regresan para señalar a sus asesinos. Es probable que los asesinados en Acteal hayan muerto de esa manera y sigan señalando a sus asesinos. Por eso debemos honrar su memoria y acompañarlos en su lucha por que los criminales sean llevados a la justicia.
Por eso, a 10 años de la masacre de Acteal, tenemos el deber ético y político de honrar a los muertos y exigir que los asesinos sean castigados. Junto con ello debemos pedir justicia para los muertos de Agua Fría, Oaxaca; Aguas Blancas y el Charco, en Guerrero; los de San Salvador Atenco y la APPO; los mineros de Pasta de Conchos, entre los mas conocidos. Hay que luchar también por la libertad de los presos políticos y por la presentación de los desaparecidos, por esas mismas causas. Cuando esto suceda ellos podrán descansar y nosotros tal vez podamos vivir con un poco de tranquilidad.
La Jornada/Francisco López Bárcenas
El tripartita de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó otorgar cuatro por ciento de aumento general a los minisalarios de las tres áreas geográficas para 2008.
De esta forma los nuevos salarios mínimos legales que regirán a partir del 1 de enero de 2008 para el área geográfica A serán de 52.59 pesos diarios, para la zona B de 50.96 y para la C de 49.50 pesos.
El presidente de la Conasami, Basilio González Núñez, indicó que el consejo de representantes también acordó mantener la conformación actual de las tres áreas geográficas que rigen los salarios mínimos.
Explicó que para las 84 profesiones, oficios y trabajos especiales que se rigen con salarios mínimos profesionales, el consejo determinó aumentarlos en la misma proporción en que lo hicieron los mínimos generales referidos.
El funcionario destacó que la parte patronal expresó su disposición de dar un manejo prudente y responsable de los precios, en línea con una actitud moderada del sector obrero en sus exigencias salariales.
Los sectores obrero y patronal determinaron que el año próximo continúe la revisión de los salarios contractuales en la más amplia libertad de las partes, dentro de las condiciones específicas de cada empresa.
Dicho proceso se efectuará en función de la productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos productivos, para que el incremento que se determinó a los salarios mínimos no sea la base ni el límite para las revisiones contractuales, abundó.
González Nuñez enfatizó que el acuerdo representa un esfuerzo de todos por lograr la unidad, ya que una decisión unánime permite mostrar al pais que se puede avanzar en los temas laborales relevantes si hay una determinación por conciliar los diversos intereses en beneficio de México.
Notimex
Unas 19.000 personas de los estados sureños mexicanos de Tabasco, que en octubre sufrió graves inundaciones, y Chiapas comenzaron a ser evacuadas el sábado ante el temor de nuevas anegaciones cuando el martes se desbloquee un río taponado en noviembre por un alud de tierra.
Unos 15.400 vecinos de Tabasco "asentados en zonas de riesgo (...) y que se encuentran ubicados principalmente en 25 localidades (...) serán trasladados a 13 albergues", informó el gobierno estatal en un reciente comunicado.
Además, en Chiapas están evacuando a cerca de 3.500 indígenas zoques "luego de que la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad solicitaran extender las medidas de seguridad hasta alcanzar los poblados que se ubican en los 110 metros sobre el nivel del mar", informó el subsecretario de Protección Civil, Luis Manuel García.
Las autoridades temen que se produzcan nuevas inundacioens cuando el próximo martes se abra el canal que se ha estado construyendo desde que el pasado 5 de noviembre un alud de tierra cayó al embalse del río Grijalva, a la altura de la presa Peñitas.
El corrimiento de tierra provocó una gigantesca ola que arrasó el poblado de Juan Grijalva y dejó un saldo hasta el momento de 19 muertos y seis desaparecidos.
Cientos de obreros han estado trabajando a destajo con maquinaria pesada en las últimas semanas para desalojar las miles de toneladas de tierra y rocas que formaban el tapón en el río Grijalva y construir un canal que permita el paso del agua por su cauce habitual.
"Todo está controlado, no existe ningún riesgo, no hay por qué alarmarse", dijo el funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (organismo responsable de la gestión de la presa Peñitas), Benjamín Granados.
Sin embargo, tras la experiencia de octubre, cuando el desfogue de Peñitas a consecuencia de las lluvias agravaron las anegaciones en Tabasco, donde el 80% del territorio quedó bajo las aguas (frente al 34% habitual) y 1,2 millones de personas se vieron afectadas, las autoridades decidieron extremar las precauciones.
La apertura del canal "es considerada de seguridad nacional, sobre todo ante el creciente miedo en Tabasco de que vuelvan a sufrir inundaciones con la liberación del agua de las presas", según las autoridades de Protección Civil de Chiapas.
La parte del embalse que ha quedado río abajo incomunicada ya ha empezado a ser vaciada para evitar una acumulación de masa de agua y se espera que para el martes esté ocho metros por debajo de su nivel normal.
En Tabasco será desplegada una fuerza de unos 2.000 policías, soldados, marinos y miembros del servicio de Protección Civil, apoyados por decenas de autobuses y vehículos militares, para llevar a cabo las labores de evacuación.
El gobernador, Andrés Granier, ha advertido que no permitirá que ningún habitante en las zonas de riesgo, a las orillas de los ríos Carrizal y Samaria, rehúse a dejar su hogar, como sucedió en octubre, cuando miles de personas se quedaron aisladas en los tejados de sus casas, rodeadas por las aguas.
Igualmente, para evitar que se repitan los actos de rapiña de hace mes y medio, se permitirá a los evacuados resguardar en bodegas sus enseres domésticos y las fuerzas de seguridad, la Armada y el Ejército patrullarán las zonas evacuadas.
Paralelamente, las orillas de los ríos Carrizal y Samarria han estado siendo reforzadas en los puntos más críticas con miles de costales de arena.
Al menos 19 personas resultaron muertas y otras 34 heridas de diversa consideración entre Puebla y Veracruz, este de México, en el accidente de un camión cargado con unas cien personas, informaron hoy fuentes de Protección Civil.
Al menos 19 personas resultaron muertas y otras 34 heridas de diversa consideración entre Puebla y Veracruz, este de México, en el accidente de un
Al menos 19 muertos en un accidente de un camión
El subsecretario de Protección Civil de Veracruz, Ranulfo Márquez, explicó a una emisora local que por el momento se desconoce la causa del accidente del camión que transitaba por un camino rural.
'No tenemos todavía el peritaje del accidente, si fue causado por alguna falla mecánica o por exceso de velocidad', declaró el funcionario estatal a la emisora Formato 21.
La unidad, usada para transportar mercancía, cayó por un desnivel de cinco metros cuando circulaba cerca del límite de Veracruz y el vecino estado de Puebla (centro) por una zona de la sierra.
El suceso se registró alrededor de las 16.00 hora local (23.00 GMT) de la tarde del domingo, cuando el camión se dirigía desde el municipio veracruzano de Filomeno Mata al enclave poblano de Santa Rita.
Según Hernández dieciséis de las víctimas han fallecido en las últimas horas en el estado de Puebla y tres más en un hospital de Poza Rica, adonde fueron trasladados tras el suceso.
Hasta el momento, se ha confirmado que entre los fallecidos hay siete niños, nueve mujeres y tres varones, según la oficina de portavoz de Protección Civil veracruzana.
Los heridos fueron trasladados a hospitales de Puebla y Veracruz, donde están siendo atendidos.
Los accidentes de tráfico de este tipo en las carreteras mexicanas son habituales en esta época del año debido a los desplazamientos vacacionales y a lo tortuoso de las carreteras que discurren por zonas de montaña.
En octubre pasado, un accidente de autobús en el estado occidental de Guadalajara dejó un saldo de 15 muertos, mientras que en septiembre la caída de uno de estos vehículos por un barranco de 150 metros en Nayarit (noroeste) arrojó un balance de 17 fallecidos.
EFE
Casi 10 horas a puerta cerrada en la secretaría general del Instituto Federal Electoral (IFE) arrojaron por resultado que el consejero Andrés Albo Márquez será el sucesor provisional de Luis Carlos Ugalde al frente del organismo. La disputa entre dos grupos terminó cuando Virgilio Andrade renunció a su intención de contender por la presidencia, lo que dejó el paso al grupo cercano a Ugalde y preserva el control sin necesidad de votarlo, por lo que sólo faltará que se ratifique hoy en sesión del Consejo General.
En conferencia de prensa, el virtual consejero presidente provisional sostuvo que entre los acuerdos alcanzados para garantizar la gobernabilidad del instituto se asumió que las decisiones deberán ser adoptadas por mayoría de seis votos a dos. Explicó que no habrá remociones de funcionarios y, en el caso de vacantes solamente serán designados encargados de despacho, lo que en los hechos se trata de una presidencia acotada por compromisos previos.
Albo se impuso por precaria mayoría, cuestionado insistentemente por tres consejeros y sólo gracias al abandono de Andrade, quien habría dicho en la reunión que lo hacía en aras de conservar la institucionalidad y evitar el desgaste mediático que hubiera implicado que transcurriera el fin de semana sin que hubiera sucesor. En el bando opositor, tal como se había perfilado desde la reunión en que se pactó la renuncia de Ugalde, el grupo se mantuvo compacto y no cedió hasta colocar a Albo al frente del consejo.
Paradójicamente, en la rueda oficial para dar a conocer la victoria de Albo no se quiso dar a conocer los términos de la votación, como se preveía, aunque quien fungirá como consejero presidente provisional “agradeció” el voto en su favor que emitió su contendiente, lo que, dijo, habla de su institucionalidad. Cuestionado sobre la votación, Andrade sencillamente expresó que hasta este mediodía se harán públicas las votaciones en la sesión del Consejo General.
Antes de incorporarse al IFE, donde se ha desempeñado como presidente de las comisiones de Fiscalización y de Transparencia, Albo fue director del departamento de estudios sociopolíticos de Banamex (1989-2003). Es licenciado en ciencias sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; cursó la maestría en la Universidad de Syracuse y estudios de posgrado en la Universidad George Washington.
Larga espera
Fue una prolongada y tensa reunión de consejeros en su disputa por el poder interno, en la que primeramente pactaron los compromisos que inhibieran los mutuos recelos y ofrecieran garantías a ambos grupos. De ahí surgió un documento de nueve compromisos en el que destaca, entre otros aspectos, que si se publica el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) se consensuará el método mediante el cual se integrarán las nuevas comisiones y no se dará pauta a la propuesta del consejero presidente, como se señala en las reformas.
Asimismo, habrá un informe puntual de la agenda y temas discutidos en las reuniones de la Junta General Ejecutiva, que encabeza el consejero presidente. Se incorporaron en la lista de compromisos asuntos evidentes, como el seguimiento que darán los consejeros a los temas del instituto mediante las comisiones que presiden.
Relevante en el documento de compromisos es el punto uno, en el cual se asienta la necesidad de mantener constantes reuniones para dar seguimiento al rumbo del IFE, con la acotación de que “sus integrantes asumen el compromiso de guardar la civilidad y probidad en las discusiones que lleven a cabo”.
Otro aspecto que se amarró en el documento fue la definición de las líneas generales de comunicación a efecto de que todas las posiciones públicas reflejen el criterio institucional o, en su caso, se den a conocer los argumentos de la mayoría, haciendo mención de los posicionamientos de la minoría.
Alrededor de la una de la tarde comenzaron formalmente a hablar de nombres. Arturo Sánchez postuló a Albo como el aspirante del grupo que conforman además Teresa González Luna y Alejandra Latapí. Por su parte, Rodrigo Morales hizo la presentación de Andrade, quien también era respaldado por Marco Antonio Gómez Alcántar y Lourdes López.
Durante las horas previas a la decisión, Andrade habría buscado contactar a los consejeros del grupo contrario, en tanto que Albo habría mantenido una estrategia más cautelosa y habló poco.
Conocidas sus diferencias con Gómez Alcántar, el resto mantuvo su oposición a partir de cuestionar el liderazgo de Albo, los descalabros que ha tenido el IFE en materia de fiscalización –cuyo presidente es precisamente Albo–; una mala relación que mantiene con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, entre otros puntos.
Quien habló en favor de Albo fue Sánchez, quien destacó aspectos como la buena relación que mantiene con los representantes de los partidos políticos y en términos generales con la estructura del instituto. Destacó las pocas objeciones que tuvo la postulación de Andrade, aunque eso no implicaba un cambio en el sentido original de la votación: empate a cuatro.
Sin embargo, las posturas del grupo de Albo se mantuvieron inamovibles y transcurrieron las horas sin avance en la discusión. Al filo de las 20 horas se dio la declinación de Andrade para posibilitar finalmente el triunfo de Albo en su aspiración por ser el consejero presidente provisional.
“Momentos extraordinarios”
En la rueda de prensa, Albo destacó que el propósito principal de los compromisos previamente asumidos era “garantizar la operación y el funcionamiento del IFE en condiciones de confianza y certeza”. Dijo que el IFE vive “momentos extraordinarios y estos acuerdos buscan dar respuesta a estas situaciones. Son acuerdos provisionales, como también la presidencia es provisional”.
Por lo pronto, las comisiones de Fiscalización y de Transparencia –que hasta ahora preside Albo– habrán de cambiar de titular, durante las semanas o meses que dure el encargo del consejero presidente o hasta que se publique la reforma al Cofipe.
De la reunión privada se acordó citar a sesión del Consejo General del IFE para hoy a las 13 horas, cuando formalmente los consejeros votarán –muy seguramente cinco a tres– la designación de Albo como consejero presidente provisional. Posteriormente habrán de notificarlo de manera formal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a efecto de que se proceda a la designación del consejero presidente que ocupe el lugar de Ugalde.
La Jornada
